FORO “DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD: UNA FALSA DICOTOMÍA”

BUENAS TARDES ESTIMADOS LECTORES, ESTE DÍA VOY A COMPARTIRLES UNA INFORMACIÓN SOBRE UN FORO QUE TUVE A BIEN ASISTIR EL PASADO 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO:

“DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD: UNA FALSA DICOTOMÍA”

El foro citado al rubro, fue de gran relevancia, pues estuvieron personalidades como Tita Radilla, familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y más personajes que han sufrido atropellos en sus derechos humanos por parte de los militares; se inició con una serie de comentarios dentro de los cuales cito los siguientes:

En México existen tres problemas fundamentales: La desigualdad, la impunidad y una falta de un Estado de Derecho.

Existen cifras alarmantes de inseguridad en nuestro estado, pues hay más de 350 000 muertos, en los último años, más de los muertos en una guerra.

Un caso alarmante es que han pasado 30 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los padres, han recibido solo mentiras por parte del gobierno, por ello no creen en sus respuestas.

Comentan los familiares de algunos de los estudiantes, que les ofrecieron “quedar  de acuerdo”, cuando se encontraba Murillo Karam como Procurador General de la República, como propuesta para dejar atrás lo acontecido con los estuantes.

Los padres saben que el gobierno no quiere que se sepa algo, han recibido humillaciones, por parte de los tres niveles de gobierno.

Posteriormente se dio una discusión sobre la posible aprobación de una Ley de Seguridad Interior, en donde se les darán facultades a los militares para que realicen actividades competentes a las policías; para lo cual se mostró un evidente descontento por parte de los panelistas pues opinaban que:

Es muy precipitada, muy poco transparente, institucionalizaría la intervención del ejército en injerencia de la seguridad, además de que sus disposiciones son contrarias a los mandatos constitucionales.

Manifiestan que las voces de los casos reales deben ser escuchados, pues son las voces que han sufrido las consecuencias de la militarización, en ese sentido el Estado de Guerrero, ha sido uno de los principales, con ejemplos bastantes sonados a nivel internacional y mundial con el caso de Ayotzinapa.

La Señora Tita Radilla en su participación, manifestó las desapariciones por parte del Estado y habló sobre la desaparición de su señor padre.

En la década de los 70´s Rosendo Radilla, fue desaparecido por los militares, de Atoyac; también atribuyó que se llevaban a las personas encadenadas, sin respetar edades, esas personas eran sometidos a torturas, desaparecieron a mucha gente y violaban a las mujeres, manifiesta que ahora el estado quiera crear una ley con la participación de los militares, es muy grave; 

En los años del 77,78 y 79, se llevó a cabo la desaparición de muchas personas, hasta el tránsito municipal realizaba detenciones arbitrarias; Más de 600 personas fueron desaparecidas y torturadas por el ejército.

Manifiesta que la gente no se podía amparar, pues las autoridades se encontraban involucradas, el ejército debería estar en los cuarteles, su capacitación no es para hacer las actividades que hace la policía. Pero lamentablemente hay indiferencia por parte de la sociedad. 

Otra participación de una víctima del ejército, fue el sobreviviente de la masacre de charco, manifestó que, regresaban muy tarde del campo cuando de pronto se percataron de la presencia del ejército, quienes sin razón alguna, empezaron a privar de la vida a la gente, teniendo resultado 8 personas muertas.

En la participación de Valentina Rosendo Cantú, comentó que es originaria  de un pueblo indígena Me Pha, y que en 2002, fue víctima de violación sexual por parte de los militares, como víctima, durante el procedimiento de justiciabilidad no tuvo traductor.

Ella fue auxiliada por la Organización de Tlachinola, para buscar justicia y castigar a los responsables que la violaron.

Después de presentar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los militares llegaron a ofrecerle dinero para que la retirara; Tuvo enfrentamientos y sufrió amenazas por parte del gobierno, incluso intentaron secuestrar a su hija; al final del proceso se ordenó la reparación  del daño, además de una disculpa pública.

Otro caso de atropello a los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses, es el siguiente: tocó el turno a un hermano de quien fue asesinado en un retén miliar en el poblado de Huamuxtitlan, menciona que la víctima, fue a despedir a sus papás, en el retén, detuvieron el autobús e hicieron bajar a los pasajeros para hacer una revisión de rutina, su hermano, iba en la parte de adelante, llamándoles la atención una persona  porque llevaba botas tipo militar. 

Después de una discusión del chofer con los militares, suben al camión, y a unos 50-100 metros comienzan a disparar, llegando el disparo a su hermano por la parte del cuello. 

El ejercito los siguió hasta Huamuxtitlán, posteriormente supuestamente encuentran 5 paquetes de enervantes donde iba su hermano, siendo que minutos antes, ya habían realizado una inspección en el camión, resultando evidente como el grupo militar quería incriminar a un joven inocente de 29 años.

Incluso le ofrecieron a la familia $160,000.00 “para gastos funerarios” siendo en realidad una forma de pago para callar a los familiares. Finalmente manifestó que el ejército no debe estar en las calles ya que viola el derecho al libre tránsito de las personas. 

En la Segunda mesa mencionaron que, esta iniciativa, debe ser verdaderamente discutida en los poderes de la unión pues gran parte de las desapariciones tiene que ver con los militares.

Más de la mitad de las sentencias emitidas por Organismos Internacionales al Estado Mexicano, son para el Estado de Guerrero, y, curiosamente tienen que  ver con atropellos por parte de los militares. 

Es importante hacer una reflexión y poner en tela de juicio, realizar una ley sobre las políticas de seguridad, en donde se combata la inseguridad, inteligencia financiera, tráfico de armas, se tendrían que abordar estos temas para la problemática que hay en el país.

Recalcando que la seguridad interior en el contexto de la constitución, es seguridad pública, seguridad de la nación, todos los conceptos que se dejan de lado.

La seguridad interior, se tiene que entender, con base en el texto del artículo 17 de la Constitución Política; la Seguridad Pública, tiene que estar en  manos de autoridades civiles, pues así lo marca el texto constitucional.

Esta ley de políticas de seguridad, debería de contemplar según el ponente: preservar la dignidad de las personas, preservar competencias de los artículos constitucionales 21 y 89 fracción VI, distinguir y acotar los conceptos de Seguridad Pública, preservar el respeto al principio de autoridad, molestia actos, prevenir afectaciones al ejercicio de otros derechos como la manifestación de ideas, definir los ámbitos temporal, espacial y material de la Seguridad interior, evitar que las fuerzas armadas intervengan en la investigación de los delitos, que las fuerzas armadas asuman permanente solamente lo que se encuentre dentro de su jurisdicción y contemplar de manera integral las cuestiones en la Seguridad Pública de las personas.

Finalmente un ponente debatió sobre los datos históricos de la ley de seguridad interior;

En el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se hizo la presencia de las fuerzas armadas pero 10 años antes, el Congreso aprobó la ley que crea las bases de la coordinación de la seguridad, en esa ley se planteaba ya la participación de las fuerzas armadas.

A partir de 1996 las fuerzas armadas empezaron a participar en los temas de seguridad pública. Hubo una controversia constitucional, en donde podían actuar pero bajo la coordinación de autoridades civiles. 

En 1998 se crea la policía federal, para hacer frente a los problemas sobre el incremento de la delincuencia organizada.

A principio de los años 2000 se cambió el art. 21 constitucional, en donde las instituciones encargadas de la seguridad pública, deben ser instituciones civiles. 

A partir de 2006, se hizo un uso intensivo de las fuerzas armadas, pero en 2001, hubo una propuesta que trataba de dar marco jurídico a la participación de las fuerzas armadas. 

La prevención, persecución, investigación y castigo de los civiles es lo que comprende la seguridad pública.

Sobre seguridad interior, el art. 89 constitucional fracción VI, menciona que, es una facultad del ejecutivo usar a las fuerzas armadas para situaciones de extrema emergencia.

En el año 2006 en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, se inició la guerra contra el narco, en 2007 hubo más de 10 000 homicidios y en 2011 más de 22 000, algo que evidencia que ésta no es la vía correcta aprobar una ley de seguridad interior, existen otras vías más factibles, se espera del Senado que no aprueben dicha ley a espaldas de la población y en el último momento del periodo ordinario y se espera también que en el debate tengan una voz central las víctimas. 

Con esta Ley que se pretende crear, el ejército no podrá dedicarse más a las tareas de la disciplina militar, anteriormente en los primeros 29 artículos constitucionales, se hacía referencia de cómo frenar al ejército, por eso le otorgaron una tarea exclusiva, pero se han tratado de construir excepciones y las excepciones se convierten en reglas.

Para culminar manifiestan que el presente foro, no es un ataque hacia el ejército como institución, sin embargo no se debe llevar a cabo un acto jurídico a modo. La solución se encuentra en el fortalecimiento en la investigación de los delitos.

Lo que está en juego es la preservación de los derechos humanos, contrariando la reforma de 2011, del artículo 1° sobre derechos humanos, ya que estaría por encima de la constitución, a mayor militarización, mayor atropello a los derechos humanos. Existe una recomendación en 2007, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Estado son 14 casos relacionados con ejecuciones, tortura y desaparición forzada de personas por parte de los militares.